Cuando las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, finalmente firmaron un acuerdo de paz con el gobierno colombiano en 2016, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Estados Unidos ya tenía un plan para frustrarlo. Inmediatamente se pusieron a trabajar con aliados en el país para asegurarse de que cualquier pizca de legitimidad se disolviera para impedir cualquier posible avance de los comunistas en su recién descubierta arena pública.
El periódico colombiano El Espactador reveló recientemente que el Departamento de Estado de Estados Unidos, junto con el servicio de inteligencia colombiano, elaboró un plan para enmarcar a varios líderes de las FARC como narcotraficantes. La fiscalía de Colombia llegó a utilizar dinero y toneladas de cocaína incautadas a los cárteles de la droga reales en una operación para cebar a los miembros de las FARC. Cuando no se mordió el anzuelo, las autoridades se vieron obligadas a manipular las pruebas de audio.
Entre los atacados estaba Jesús Santrich, que estuvo encarcelado durante más de un año en espera de juicio a pesar de que no había pruebas sustanciales. También ha salido a la luz que Iván Márquez, un jefe de las FARC que jugó un papel destacado en las conversaciones de paz con el gobierno, también fue blanco de esta operación. De no haber sido por el hecho de que los ex guerrilleros negociaron un tribunal especial, conocido como JEP, cuando firmaron el proceso de paz de 2016, sus extradiciones a los Estados Unidos habrían sido rápidas.
Este estrafalario complot no fue cuestionado seriamente porque existe una creencia antigua y generalizada de que las guerrillas se sostuvieron a través del narcotráfico. Durante décadas, los Estados Unidos y el estado colombiano han descrito a los comunistas insurgentes como una organización “narcoterrorista” o “narcoguerrilla”, aunque la prueba de que estaban directamente involucrados en el tráfico de drogas es, en el mejor de los casos, incompleta.
Los principales medios de comunicación de Colombia comenzaron a usar el término “narcoguerrilla” en la década de 1980 tras las afirmaciones hechas por el ex embajador de Estados Unidos en Colombia Lewis Tambs. Según Tambs, los comunistas eran los dueños de un enorme laboratorio de cocaína que fue encontrado en una selva remota en el departamento de Cauca. El diplomático estadounidense nunca proporcionó ninguna evidencia concreta para esta afirmación, pero no fue necesario. En el discurso dominante y popular de Colombia, “narco” y “guerrilla” se han vuelto intercambiables. En este sentido, la izquierda insurgente de Colombia ha tenido que lidiar con las consecuencias de las noticias falsas al estilo de Donald Trump durante décadas.
Lo que es inequívoco, y lo admiten las propias guerrillas, es que se recibieron impuestos y rentas de los productores de hoja de coca por compartir los mismos territorios remotos. La rentabilidad de la hoja de coca hace que muchos campesinos colombianos se vean empujados a producir esta materia prima que luego se vende a quienes controlan los laboratorios de cocaína. Es bien sabido que la Guerra contra las Drogas y el Plan Colombia no han logrado erradicar la economía de las drogas ilícitas por varias razones, una de ellas es que sus recursos de hecho se utilizan para sofocar el activismo popular y de izquierda en lugar de la actividad criminal.
Además, como ha explicado Rodrigo Londoño, excomandante y líder del nuevo partido FARC; Hubo casos de soldados y comandantes deshonestos que se beneficiaron más directamente del comercio ilícito. Según él, sin embargo, nunca fue política estar directamente involucrado en el tráfico de drogas porque contradeciría sus principios revolucionarios. En resumen, Londoño argumenta que las guerrillas cobrarían impuestos y rentas a los productores de todas las industrias agrícolas en las áreas en las que operaban sin importar en qué se procesaran.
En este contexto, se puede observar que el reciente complot del Departamento de Estado de Estados Unidos para extraditar a líderes comunistas por cargos de narcotráfico es solo otra estrategia para debilitar al movimiento de izquierda colombiano. Esta estrategia funcionó antes en 2004 cuando capturaron a uno de los líderes de las FARC, Simón Trinidad, en Ecuador a pesar de que estaba en una misión de negociación de paz con las Naciones Unidas.
Los Estados Unidos no tenía ninguna orden judicial pendiente para Trinidad, por lo que las administraciones de George Bush y Álvaro Uribe trabajaron juntas para crear una. Pronto fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó cargos por tráfico de drogas y toma de rehenes. El jurado colgó de los cargos de drogas (la mayoría de ellos a favor de la absolución) pero, sin embargo, fue sentenciado a 60 años por un incidente de toma de rehenes en el que no participó. Trinidad se encuentra actualmente en una prisión de máxima seguridad de Estados Unidos donde se encuentra mantenido en aislamiento.
Como era de esperar, Uribe, quien ha sido denunciado al gobierno de Estados Unidos por tener vínculos verificables con el narcotráfico, y quien recientemente ha sido puesto bajo arresto domiciliario por fraude y soborno, nunca ha sido investigado. Lo que importa aquí, evidentemente, no es el crimen real, sino dónde residen sus lealtades políticas.
Al presentarlos como narcos más que como una organización política, han socavado la legitimidad de las FARC en el país y en la arena internacional. Las guerrillas tenían al menos alguna defensa contra las operaciones militares que buscaban destruirlas en su guerra de décadas contra el estado. Estaban igualmente bien preparados para combatir la propaganda antiguerrillera en el campo, donde contaban con un amplio apoyo. Ahora que han bajado las armas e intentado unirse al proceso democrático liberal, están siendo eliminados de la esfera política con una guerra de propaganda liderada y respaldada por los Estados Unidos, lo que obliga a un grupo de ellos a abandonar el acuerdo de paz.
El increíble silencio sobre esta situación en los medios occidentales sugiere que existe una necesidad permanente de mantener al país sudamericano alejado de la más mínima influencia socialista o comunista.