El carácter brutal de los conflictos políticos y sociales en América Latina a veces ha llevado a la opinión de que la región posee una especie de propensión inherente a la violencia. La realidad complicada de la violencia en Colombia desde mediados del siglo XX ha llevado a interpretaciones que la ven como aleatoria. Con este artículo, tengo la intención de demostrar que la violencia en Colombia no tiene nada que ver con el azar o la naturaleza de su gente, sino, de hecho, con los intereses materiales que los capitalistas locales y globales tienen en la región.
Una explicación seria de la violencia en Colombia se ve ensombrecida comúnmente al enfocarse en los síntomas, como la rivalidad política, los carteles de la droga o la corrupción, en lugar de sus raíces coloniales y capitalistas. El enfoque en las superficialidades para explicar la violencia en curso en Colombia radica en el interés de los grupos poderosos y dominantes que necesitan sus raíces estructurales ocultas a la vista. El asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, por ejemplo, de largo alcance en sus consecuencias, ha eclipsado los catalizadores anteriores y más diversos que podrían poner en primer plano una comprensión más matizada de la historia de violencia del país.
Raza, género y clase como factores en la violencia en curso en Colombia
La explicación oficial del período de La Violencia en Colombia es que fue un conflicto bipartidista que se encendió a principios y mediados de la década de 1940 y alcanzó su punto máximo en su violencia entre 1948 y 1958. Sin embargo, las fechas de inicio y finalización pueden y deben ampliarse para comprender el fenómeno correctamente. Aunque una investigación más profunda debería incluir necesariamente la era colonial, así como la “independencia” y las décadas que siguieron, este artículo se centrará en las raíces de la violencia desde la década de 1930, cuando la inclusión de Colombia en el sistema capitalista mundial alcanzó su punto máximo.
A principios de la década de 1930, el nuevo presidente liberal, Alfonso López Pumarejo, hizo algunas reformas laborales que beneficiaron a la clase trabajadora industrial. Esto, combinado con una expansión extraordinaria de la industria de Colombia en la economía mundial, encendió una atmósfera de aguda tensión de clase cuando la burguesía del país vio las nuevas leyes laborales como una barrera para el crecimiento de sus ganancias. Las protestas, huelgas y conflictos generales entre trabajadores y jefes alcanzaron un clímax a mediados de la década de 1940, cuando el nuevo gobierno conservador hizo retroceder las leyes laborales progresivas. Todos los que reaccionaron contra el gobierno fueron etiquetados como “bandidos depravados” que actuaron en “aislamiento” y fueron perseguidos por las fuerzas estatales como simples “criminales”. El carácter económico y político de estas movilizaciones fue convenientemente ignorado y los participantes fueron, para el estado y los medios nacionales, simplemente forajidos sin algún reclamo comprensible. Esto, por supuesto, sigue siendo la narrativa, ya que aquellos que actúan contra la política y la ley estatal opresiva continúan siendo etiquetados simplemente como “terroristas”.
Una encuesta de las regiones más afectadas durante La Violencia en Colombia revela que los afectados por la violencia se consideraron en el camino de un proyecto de homogeneización económica, racial y cultural impulsado por las zonas más centrales del país y sus élites políticas y económicas. Se pueden establecer paralelos hoy cuando consideramos que las regiones que aún son más afectadas por la violencia se encuentran dentro de la periferia. Es decir, el campo donde residen los pueblos campesinos e indígenas, así como las áreas costeras, donde las comunidades afrodescendientes son la mayoría. Los estereotipos culturales y raciales negativos ya existentes de los pueblos indígenas y afros en regiones como Antioquia, Cundinamarca y Boyacá ayudaron a justificar la violencia que los grupos más dominantes desataron en las zonas centrales, coincidiendo con la expansión de la economía nacional en el país a principios de los años treinta. En otras palabras, existe una correlación directa entre la raza y la clase de los afectados por la violencia y los intereses que estas comunidades y sus tierras representan para los capitalistas en expansión.
Si hacemos un estudio de la la violencia mas reciente de Colombia y la comparamos a las décadas anteriores a La Violencia, el carácter racial y de clase del conflicto se vuelve claro. La académica colombiana Mary Roldán ha señalado que los académicos han favorecido las explicaciones de la violencia “en blanco y negro, fáciles de entender y precisar”. Esto, a su vez, alimenta una narrativa simplista a los comentaristas y medios de comunicación convencionales. Además, las élites capitalistas del país tienen un interés subyacente en usar explicaciones simplificadas como un velo para mantener a las masas distraídas.
El expresidente colombiano Juan Manuel Santos, por ejemplo, ha regurgitado estos puntos de conversación inexactos. Santos, quien negoció un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, afirmó que la causa principal de la violencia es la “falta de presencia estatal en muchas áreas rurales”. Por lo tanto, según Santos, la solución es el “fortalecimiento [de] instituciones democráticas en todo nuestro territorio”. En su declaración, Santos tiene dos implicaciones problemáticas. Primero, absuelve al estado de su papel directo en el conflicto violento. En segundo lugar, sugiere que la extensión del orden social dominante a las áreas rurales traerá el fin del conflicto. Sin embargo, como ha argumentado Roldán, la extensión del orden social dominante a las comunidades rurales en la periferia no sólo no ha logrado la paz. De hecho, ha sido el catalizador de la violencia estructural que se desarrolló antes de La Violencia y que continúa existiendo hoy.
La colocación del catalizador de Colombia para el conflicto violento más allá de 1948, y su punto final más allá de 1958, necesariamente significa el reconocimiento de factores fuera de los límites de la guerra bipartidista. La raíz del conflicto violento en Colombia, así como en otras naciones latinoamericanas que sufren violencia aguda, se remonta al colonialismo, su organización social racializada y economías que obligan a las masas a la servidumbre de los capitalistas globales y sus intermediarios neocoloniales. Cuando vamos más allá de las explicaciones simplistas de la violencia en América Latina, encontramos que hay una variedad de causas que se componen de elementos geográficos, raciales, de género y de clase; todas las cuales son consecuencias del colonialismo y del capitalismo imperialista.
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