En las últimas décadas, los estados de América Latina y el Caribe han comenzado un proceso de inclusión formal de grupos marginados, como las comunidades indígenas y afrodescendientes, las mujeres, los campesinos y quizás, en menor medida, la comunidad LGBTI. El reconocimiento de estas comunidades históricamente descuidadas a nivel nacional se debe en gran parte a décadas de luchas populares. También son una prioridad para los gobiernos de izquierda que ven su inclusión como un factor importante en sus proyectos nacionales para el progreso y el socialismo. Aunque los gobiernos de izquierda en la región han surgido desde el cambio de siglo y han intentado contrarrestar el modelo neoliberal, todavía parecen operar dentro de la misma lógica de modernización eurocéntrica y liberal.
En un artículo titulado “América Latina en una encrucijada”, el académico colombiano-estadounidense Arturo Escobar sugiere que a pesar de los avances en la inclusión de grupos sociales históricamente marginados en ciertos países latinoamericanos, gran parte sigue siendo simbólico más que real. Aunque el artículo de Escobar identifica correctamente muchas de las deficiencias de los estados contrahegemónicos cuando se trata de políticas tangibles de inclusión, ha omitido importantes factores geopolíticos que ayudan a impedir la expansión de la participación democrática y la inclusión de grupos sociales marginados. Por ejemplo, su análisis de los intentos de Bolivia de incluir a grupos indígenas históricamente marginados en la vida económica y política del país no menciona el importante papel desempeñado por la interferencia política externa, que antagonizó las relaciones entre estos grupos y el gobierno recientemente derrocado de Evo Morales.
La elección de Evo como presidente de Bolivia en 2005 fue vista como una fractura con los regímenes neoliberales que habían gobernado desde mediados de los años ochenta. La victoria de un partido de izquierda, el Movimiento al Socialismo (MAS), fue gracias a los movimientos de base indígenas que jugaron un papel crucial en la apertura de la esfera política a través de levantamientos, protestas, campañas y el desarrollo de conceptos poderosos que desafían lógica neoliberal. A pesar de los efectos positivos del nuevo gobierno en términos de expansión de la participación política y la inclusión económica, Escobar argumenta que sigue existiendo un “tercer espacio político”, uno descolonial representado por las comunidades indígenas. En este contexto, el MAS gobernó dentro de un marco de modernización eurocéntrico mientras que, al mismo tiempo, intentó incorporar conceptos descoloniales, algunos de los cuales son antagónicos entre sí.
Sin embargo, Escobar no tiene en cuenta los factores geopolíticos que históricamente han desempeñado un papel crucial en la configuración de las relaciones entre los grupos marginados y los gobiernos progresistas. Es decir, no se exploran las tácticas duras y blandas utilizadas por los Estados Unidos y la Unión Europea para limitar las demandas de los movimientos sociales a los marcos institucionales liberales pasivos, disuadiéndolos activamente de demandas más radicales que podrían hacerlos construir una relación más íntima con los gobiernos progresistas. En Bolivia, después de la elección de Evo, la financiación de los Estados Unidos para la “promoción de la democracia” que iba directamente al gobierno anterior se volvió a canalizar a las ONG y al sector privado. Una de las tácticas utilizadas contra el gobierno recién elegido fue canalizar grandes cantidades de fondos hacia las organizaciones indígenas. Uno de ellos fue la Fundación Brecha, cuyos líderes provenían de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia. Entre la Fundación Brecha, fomentaron un ambiente de conflicto político con el MAS, en lugar de uno de asociación, discusión y diálogo.
La consecuencia de esta interferencia, arraigada en los intereses económicos, fue el cierre de oportunidades de participación democrática que podrían haber llevado a formas más profundas y genuinas de movimiento contrahegemónico. Además, Escobar enumera propuestas para sistemas comunales que van más allá de los modelos propuestos por el gobierno del MAS. Para tomar solo un punto, afirma que debe haber un “descentramiento de la democracia representativa y el establecimiento de formas comunitarias de democracia”. Con el contexto anterior de interferencia externa, uno podría ver por qué este descentramiento del poder político podría, de hecho, prestarse a una mayor interferencia imperialista en forma de contestación inorgánica del poder político.
Además, también vale la pena mencionar que ha habido desarrollos importantes desde que se publicó el artículo de Escobar. Desde 2011, ha habido conflictos continuos entre las comunidades indígenas y el estado con respecto al desarrollo de proyectos como una carretera que podría construirse a través del Territorio Indígena y el Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), aparentemente confirmando los argumentos de Escobar. Sin embargo, es importante resaltar que no todas las comunidades implicadas en este caso estaban en contra del proyecto. Además, los que estaban en contra han sido expuestos por recibir apoyo financiero de actores externos con intereses políticos y económicos. A raíz de esta interferencia, la administración de Evo anunció la expulsión de USAID del país, alegando que habían canalizado dinero a ONG que se oponen a programas gubernamentales como la autopista TIPNIS.
El vicepresidente derrocado de Bolivia, Álvaro García Linera, ha argumentado que los “izquierdistas ambientalistas” occidentales no entienden las complejidades locales con respecto a los proyectos de desarrollo. Esta falla, según Linera, a menudo los lleva a pasar por alto la “presencia extranjera de gobiernos y empresas en el control de la Amazonía”. Linera argumentó además que la verdadera amenaza ambiental y humana no era la autopista TIPNIS planificada que, según él, han traído consigo la presencia del estado para regular la destrucción ambiental. Más bien, fue el control ya existente del área por parte de los “países capitalistas industrializados” que necesitaban recursos en la Amazonía para compensar “la destrucción del medio ambiente en el Norte”. El gobierno derrocado de Evo, entonces, como dijo Escobar, advirtió contra “lecturas esencialistas de mundos indígenas” y promueve una narrativa híbrida de “prácticas modernas y no modernas” combinadas.
El artículo de Escobar, “América Latina en una encrucijada”, sugiere que a pesar de las reformas y transformaciones sustanciales provocadas por los gobiernos de izquierda en Venezuela, Ecuador y Bolivia desde el cambio de siglo, todavía operan bajo marcos eurocéntricos de modernidad y desarrollo. Según él, debido a esto, las ontologías relacionales indígenas y afrodescendientes se incluyen en estos proyectos estatales de manera más simbólica que tangible. Sin embargo, debe argumentarse que, si bien Escobar argumenta convincentemente que existen incompatibilidades entre la modernidad liberal y los conceptos descoloniales de las comunidades indígenas, hay otro factor que debe incorporarse. Es decir, que hay intereses geopolíticos influyentes en todos estos países que juegan un papel crucial en la determinación de las relaciones entre los grupos marginados y sus respectivos gobiernos.
Además, es importante exponer que el gobierno de los EE. UU., a través de agencias de financiación como USAID y ONG, ha desempeñado un papel en el lanzamiento de ciertas secciones de las comunidades indígenas contra Evo y su gobierno derrocado. Esta interferencia externa no solo ha ayudado a amplificar las diferencias políticas entre las dos facciones. También ha desempeñado un papel al influir en estos gobiernos progresistas y su disposición a profundizar sus prácticas democráticas, y la posibilidad de una mayor incorporación de conceptos descoloniales en sus marcos políticos y económicos.