Los seres humanos debemos hacer más para proteger nuestro medio ambiente: esta es una idea que la mayoría del mundo acepta como verdad, y con razón.
Los casquetes polares de nuestro planeta se están derritiendo. Los niveles mundiales del mar están aumentando. Los desiertos están devorando tierras que alguna vez fueron fértiles. Los huracanes están destruyendo islas enteras.
La lista de razones por las cuales deberíamos proteger nuestro medio ambiente sigue.
Pero enfrentemos una verdad incómoda que la mayoría de la gente en un puñado de países rara vez quiere mencionar: el Primer Mundo imperialista está destruyendo el planeta a un ritmo mucho más rápido que la gente en el Tercer Mundo.
América del Norte, Europa y, en menor medida, Japón, se encuentran entre las principales regiones emisoras de dióxido de carbono en la Tierra, según las estadísticas de la ONU sobre el cambio climático. En los últimos 50 años, se ha infligido más daño ambiental al planeta que en cualquier otro punto de la historia humana, gracias a los países que componen el Primer Mundo.
Esto se debe principalmente a la industrialización no regulada, el consumo excesivo interno y el desechos masivos, tres consecuencias inevitables del sistema económico capitalista-imperialista. Dado que las ganancias controlan la economía, las regulaciones ambientales se tratan como costosas molestias en lugar de protecciones necesarias; luego, este sistema se reproduce a escala global en los países periféricos del Tercer Mundo que dependen de las economías del Primer Mundo.
A menudo, los liberales en los países del Primer Mundo trasladan la culpa de este sistema desastroso de sus propios gobiernos a los de los países del Tercer Mundo. Más específicamente, eligen como blanco a los gobiernos antiimperialistas que están en el proceso de cambiar sus economías, oponiéndose a Wall Street y Londres, bajo la bandera del “ambientalismo”.
Esto no solo sirve para desviar la atención de los crímenes ambientales de América del Norte y Europa pero también ayuda a debilitar a los gobiernos enemigos en Asia, África y América Latina que se resisten a su dictadura fiscal global mediante el comercio con países como China y Rusia.
Tome a Nicaragua y Bolivia como ejemplos.
En Nicaragua, esto toma la forma de atacar el Gran Canal Interoceánico.
Fuente: Wikimedia Commons
El proyecto, que pretende crear un canal de tránsito que conecte el Mar Caribe con el Océano Pacífico, está encabezado por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) con la asistencia financiera de una empresa china de desarrollo infraestructural.
Además de mejorar el comercio entre América Latina y Asia, creará cientos de miles de empleos bien remunerados para residentes locales. También reducirá los costos comerciales para el país en su totalidad, ya que no tendrá que depender del costoso canal de Panama debajo del control de los Estados Unidos, el principal puerto comercial interoceánico de la región.
El gobierno nicaragüense y HKND, la empresa china que financia el proyecto, admitieron que tendrá un impacto ambiental. Sin embargo, este impacto no dejará daños permanentes ni fatales al ecosistema de la región, según estudios científicos nacionales. Su plan de construcción también incluye la supervisión de monitores ambientales de parte de todo el mundo.
A pesar de estos hechos, los liberales del Primer Mundo continúan atacando el Gran Canal Interoceánico, exagerando enormemente el nivel de impacto que tendrá en el medio ambiente.
Estos ataques toman dos formas: política y mediática.
Políticamente, Estados Unidos encabeza la acusación contra el proyecto al apoyar a los partidos de oposición de derecha y un puñado de grupos campesinos sobornados que protestan por su construcción. En el 2016, por ejemplo, dos diplomáticos estadounidenses fueron descubiertos ayudando a organizar protestas de la oposición.
Esto fue casi al mismo tiempo que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la Ley de Condicionalidad de Inversión de Nicaragua, también conocida como la Ley NICA. El proyecto de ley, que fue pospuesto temporalmente pero que luego fue aprobado en julio de 2017, impuso sanciones a Nicaragua por el llamado “fraude electoral” durante su elección presidencial más reciente. Aún no se ha presentado evidencia creíble del presunto fraude.
Estas sanciones fueron un golpe político obvio en el país centroamericano por establecer relaciones económicas con el enemigo más temido de los Estados Unidos: China.
En términos de guerra mediática, el Reino Unido encabeza la acusación, ya que ONG liberales como Amnistía Internacional y Global Witness constantemente lanzan ataques contra presuntas “violaciones de los derechos humanos” cometidas contra los manifestantes del canal. Aparte de las detenciones de unos pocos manifestantes violentos, como los cinco activistas extranjeros que fueron capturados con explosivos en junio de 2016, no ha surgido evidencia creíble que respalde sus afirmaciones.
Estos ataques políticos y mediáticos contra Nicaragua también se están replicando en Bolivia. Allí, los imperialistas verdes están utilizando la construcción de una carretera de 190 millas como base para socavar a un gobierno enemigo que disfruta de buenas relaciones tanto con China como con Rusia.
La carretera, propuesta por el gobierno del presidente indígena Evo Morales, apoyada popularmente, tiene como objetivo facilitar el transporte de alimentos, medicinas y otros suministros vitales a regiones remotas del país. También se pretende facilitar la construcción de obras públicas financiadas por el estado en esas áreas.
Liberales primer mundistas, sin embargo, han atacado el proyecto, alegando estar preocupados por el futuro de los pueblos indígenas que viven en el Parque Nacional Isiboro Sécure en Tipnis, por donde la carretera va atravesar. Un puñado de líderes impopulares respaldados por los EE. UU. dentro de las comunidades Yurakarés, Moxeños y Chimanes han actuado esencialmente como voceros de Washington y Wall Street en contra de la carretera.
Citando a estos agentes imperiales, los medios dominantes afirman que la mayoría de las personas en el área se oponen al proyecto y, más importante, que destruirá el medio ambiente. La vida silvestre y la agricultura, aseguran, se arruinarán.
Sin embargo, los medios dominantes que cubren el tema a menudo no mencionan que el gobierno de Morales celebró una gran consulta pública en 2012 con los indígenas de Tipnis, donde apoyaron abrumadoramente el proyecto.
También ignoran el hecho de que la mayoría de los estudios de impacto ambiental sobre el proyecto solo afirman que el área puede convertirse en un centro para la minería y la deforestación ilegal. Esto se debe a que aquellos que operan fuera de la ley pueden acceder más fácilmente a estas áreas ricas en recursos. El gobierno boliviano, sin embargo, ya ha elaborado planes para proteger la zona de los mineros y madereros ilegales.
Los imperialistas verdes afirman que el peor escenario posible se convertirá en el resultado más posible, usando esto como una justificación para oponerse a la carretera.
Como dijo Morales, “a este llamado ambientalista colonial no le interesa que el movimiento indígena tenga escuelas, hospitales, electricidad o carreteras”.
En última instancia, estos ataques contra Nicaragua y Bolivia, tanto entre los países más pobres, pero también más progresistas y amigables con el medio ambiente en América Latina, son emblemáticos de cómo los liberales del Primer Mundo usan el imperialismo verde para atacar a los gobiernos antiimperialistas del Tercer Mundo.
Es por eso que antes de cantar con el coro “ecologista” contra algunos de los países más pobres del mundo es importante recordar el contexto sistémico más amplio: el capitalismo-imperialismo.